SinEmbargo. México
Una de las actividades ilícitas y criminales más difíciles de investigar es la relacionada con el tráfico de órganos. La demanda por órganos para la realización de trasplantes en casos de “vida o muerte” es infinitamente mayor que la oferta. Algunas fuentes calculan que la oferta legal o donación de órganos cubre únicamente un 10 por ciento de la demanda total por los mismos. Esta cifra es aproximada, pero la gran necesidad crea un mercado negro de enormes dimensiones que genera ganancias millonarias para los que operan y fungen como intermediarios en una red que lucra con la necesidad y vulnerabilidad de otros seres humanos.
Acuerdos internacionales y legislaciones nacionales establecen controles estrictos y penas severas para el intercambio ilegal y la venta de órganos. Entre ellos se encuentran la Declaración de Estambul en 2008—en la cual destaca el papel de la Sociedad de Trasplantes (TTS, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN)—cuyo principal objetivo es detener el turismo para la realización de trasplantes y combatir el tráfico de órganos. La Asamblea Vaticana en 2017, encabezada por el Papa Francisco, también aborda el tema con preocupación dada la crisis de refugiados y la gran vulnerabilidad de este grupo ante las redes de tráfico de órganos. De igual forma, existen centros para realizar trasplantes en algunos países del mundo (como Estados Unidos) donde se establecen mecanismos para que los donantes no reciban pago—a través de entrevistas a participantes, requerimientos de periodos de espera más prolongados y otras prácticas afines.
