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Yucatán. México. International Crisis Group, organización no gubernamental especializada en conflictos armados, emitió hace unas semanas su informe “El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el Estado de Derecho en México”

La Voz. Argentina. Las trabajadoras sexuales quieren elevar su voz y gobiernos y Estado siguen mirando para otro lado.

Diario Popular. Pasaron más de dos meses de que salió de su casa en Berazategui y no volvió. Trascendió que la adolescente de 14 años estaría con un hombre de 30.

Europa Sur. El Peñon, Gibraltar. Desde el ejecutivo del Peñón reconocieron que la trata de personas en o a través de Gibraltar no se considera un problema debido a que la colonia no suele ser el destino para personas que son objeto de trata.

La Nación. Tucumán, Argentina. Los magistrados absolvieron a los 13 imputados por el secuestro de la joven; duro revés para Alperovich.

AICA. Buenos Aires, Argentina. Esta problemática ha sido un tema de preocupación permanente del papa Francisco y son recordadas sus homilías fuertes para denunciar este flagelo cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Yancuic. Chiapas, México. La Población Económicamente Activa (PEA) en Chiapas es de dos millones de personas, casi 800 mil de ellas son mujeres y más de 13 por ciento de ellas ejerce servicio como empleada doméstica.

El Economista. Ciudad de México, México. El Distrito Federal encabeza la lista de las entidades en que se han cometido delitos contra la salud, producción, transporte, tráfico, comercio, posesión de estupefacientes; narcomenudeo; trata de personas; delincuencia organizada; derechos de autor; y cometidos por servidores públicos, entre otras. Todos los anteriores considerados delitos federales.

El Siglo. Argentina. Tras un operativo en San Jaime de la Frontera donde funcionaba clandestinamente un bar. En el lugar había una menor de 14 años y por estas horas se investiga si era obligada a ejercer la prostitución. Detuvieron al encargado y también a su madre.

MDZ online. Mendoza, Argentina. En el año 2009, un grupo de damnificados pidió que se indagara al entonces obispo Mario Aurelio Poli por supuesto “encubrimiento” de los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y defraudación en el marco de un hecho que afectó al menos a 64 niños y jóvenes.